Declara Turull, el preso que se encaró con Llarena: "Usted me convierte en preso político"
Según el orden previsto, el exconseller de Presidencia será el primero en declarar este martes
La Fiscalía pide 16 años de cárcel e inhabilitación para él por rebelión y malversación
Jordi Turull (izquierda) durante el juicio al procés / J.J.Guillén (EFE)
Madrid
Este martes está previsto que el Tribunal Supremo retome el juicio contra el procés independentista con la declaración de Jordi Turull, exconseller de Presidencia del Govern destituido de Carles Puigdemont y el primero en pronunciar las palabras "preso político" ante el juez Pablo Llarena. Se enfrenta a una petición de 16 años de cárcel e inhabilitación por parte de la Fiscalía, acusado de rebelión y malversación de caudales públicos.
Fue el que abrió la lata de las acusaciones de proceso político contra Llarena y el Tribunal Supremo en su declaración ante el magistrado instructor en abril de 2018: "No sé si cuando entré en prisión en noviembre yo podía ser considerado un preso político pero a partir del 23 de marzo usted me convierte en un preso político", añadiendo que "usted sabe que yo podría ser President, pues para adentro, para la cárcel".
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Turull llegó al Tribunal Supremo el 23 de marzo para conocer su procesamiento por rebelión, un día después de no conseguir los votos suficientes para ser President de la Generalitat, y abandonó el alto tribunal en un furgón de la Guardia Civil camino de Estremera, donde permanece desde entonces. "Usted me impidió someterme al segundo debate y votación de investidura. Mi compromiso en sede parlamentaria con mi discurso de diálogo, ¿no garantiza para usted un acertado retorno del autogobierno?", reprochó a Llarena un mes después.
Según fuentes del caso, Jordi Turull contestará a todas las acusaciones excepto a Vox. Está por ver si desarrolla las denuncias de proceso político y vulneración de derechos que ya puso de manifiesto al final de la fase de instrucción - y como hizo Oriol Junqueras la semana pasada - o si opta por una estrategia más cercana a Joaquim Forn, exconseller de Interior.
El Centro de Telecomunicaciones
La Fiscalía le acusa de un delito de rebelión y otro de malversación y, de forma provisional, pide para él 16 años de prisión y otros tantos de inhabilitación política. Conseller de Presidencia entre julio y octubre de 2017, la Fiscalía le acusa de sustituir a Neus Munté para impulsar el procés, participar en reuniones clave, autorizar las contrataciones necesarias para el referéndum, hacer "reiterados y continuos llamamientos públicos" para que la población se enfrentase a Policía y Guardia Civil y la acusación principal: gestionar el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, clave en la organización del referéndum ilegal.
La Fiscalía cree que este CTTI se utilizó para crear "páginas webs, aplicaciones, plataformas y programas informáticos" para el 1-O "dando soporte digital a la difusión de información, registro, publicidad, recuento de votos y operativa concreta del referéndum", cuyo control "era final y realmente ejercido" por Jordi Turull. En su escrito, la Fiscalía reconocía que "no consta, por ahora, la cuantía de los fondos públicos destinados a esta actividad".
Turull ha negado todas estas acusaciones durante la fase de instrucción. "Se pone como excepcional lo que es habitual en un grupo parlamentario", dijo en abril sobre las reuniones en las que participó, "no se ha pagado ni un euro, pongo al ministro Montoro por testimonio" dijo sobre la malversación y defendió también que él no gestionaba el día a día del CTTI aunque estuviese en su departamento. "Es un órgano absolutamente tecnológico, siempre decía que en estos temas, los políticos hands off", añadiendo que el dominio 'referendum.cat' se contrató "en la época del president Maragall para el referéndum del Estatut" de 2006.
Campaña y cartelería
Turull también tendrá que contestar preguntas sobre publicidad del referéndum financiadas, supuestamente, por su departamento: la campaña internacional (127.810,57 euros adjudicados, 110.263,51 pagados), la campaña de registro de residentes en el exterior (266.496,04 euros reclamados y 2.700 pagados), la campaña 'Civisme' (277.804,41 euros comprometidos), la cartelería (38.431,20 euros comprometidos) además de la parte correspondiente a su departamento de los 979.661,96 euros comprometidos para papeletas, censo electoral y citaciones para las mesas electorales.
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Hasta la declaración de Oriol Junqueras en el juicio, la de Jordi Turull el pasado mes de abril ante Llarena había sido la más contundente a la hora de criticar la labor del juez instructor. "Este proceso no va de impartir justicia y menos con todas las garantías. Este proceso va de política y de escarmiento", dijo, acusando a Llarena de "precipitar" el auto de procesamiento para evitar que fuese elegido President y advirtiendo que "si con este atropello y escarmiento busca que yo renuncie a mis ideales y mis convicciones, que siempre han sido pacíficas y democráticas, ya le digo que no lo voy a hacer".
Raül Romeva
Si no hay cambios y da tiempo, este martes también podría arrancar la declaración del exconseller de Exteriores, Raül Romeva, para quien la Fiscalía pide otros 16 años de presidio por los mismos delitos. El Ministerio Público le pone al frente de una estrategia para "dotarse de una proyección internacional que sirviera de palanca para el proceso de independencia" con un presupuesto de 35 millones.
Romeva entre Forn y Junqueras durante el juicio / Pool
La fiscalía destaca en este punto las Delegaciones de la Generalitat en el exterior y la campaña internacional de imagen a través del DIPLOCAT que actuaba como "cuerpo diplomático paralelo al estatal, y como herramienta privilegiada de lobby", la apertura de "páginas web internacionales" y la contratación de "observadores internacionales". Una treintena de diputados y eurodiputados de catorce países (40.591,22 euros gastados y 2.750 comprometidos) y más observadores para legitimar el 1-O (297.004,5 euros gastados y 47.365 comprometidos).
