Arnaldo, el idóneo: lo que el candidato del PP al Constitucional piensa sobre el aborto o la Memoria Histórica

Madrid

El jurista Enrique Arnaldo, uno de los candidatos del Partido Popular para ser magistrado del Tribunal Constitucional para los próximos 9 años, cuya designación será refrendada por el Congreso, previsiblemente, en el pleno de este jueves, ha escrito desde 2008 más de 300 artículos de opinión, la mayoría de ellos en el digital conservador El Imparcial, en los que se ha pronunciado en contra de un amplio abanico de asuntos que son o pueden ser objeto de recurso ante el Constitucional, por lo que puede resultar contaminado y ser recusado para dictaminar al respecto.

Aborto y eutanasia “violentan principios”

La ley de plazos del aborto es objeto de crítica recurrente en sus escritos. Ya el 27 de noviembre de 2008 censuró que con la ampliación de los tres supuestos de interrupción del embarazo o el “reconocimiento de la eutanasia” activa, “se violenten algunos principios o alguna jurisprudencia por el camino”.

En otro artículo titulado ‘Mejor olvidar que reñir’, se opuso el 3 de septiembre de 2009 en el mismo diario a la Ley de la Memoria Histórica y a desenterrar cadáveres de las fosas comunes del franquismo.

Arnaldo y la "Generalidad" de Catalunya

Respecto a Catalunya, a cuyo gobierno se refiere con el castellanizado apelativo de la “Generalidad” copiado después por la ultraderecha, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, reprochando a sus dirigentes a cuenta del Procés independentista la “sostenida, constante, manifiesta, negligente y contumaz actuación de la comunidad autónoma de Cataluña de incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales al declararse, sin más, zona exenta de la Constitución, al rebelarse contra la supremacía de ésta y sustituirla por su voluntad desnuda” (El Independiente, 21/10/17).

El "busto parlante" Zapatero y la "ayudita" el 11-M

Arnaldo fue extraordinariamente crítico con la izquierda o los sindicatos en sus artículos entre 2008 y 2011, coincidiendo con la segunda legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, para quien acuñó en varios artículos la expresión “busto parlante”. Del expresidente añadió que “su mérito, su gran mérito, fue ganar aquellas elecciones con alguna ayudita” en coincidencia con el manido discurso de las posiciones más conservadoras en el PP, que sostenían que la victoria de Zapatero en 2004 fue producto del atentado del 11-M.

Cuestionó además la legitimidad democrática de los acuerdos de aquella legislatura que arrancó en 2008 porque los 169 diputados del grupo Socialista no eran suficientes y tuvo que apoyarse en ERC, Nafarroa Bai o el BNG al escribir “todo suma, pero no todos los sumandos son iguales. La legalidad de la suma no comporta la legitimidad del resultado desde el punto de vista del respeto de la voluntad del electorado expresado en las urnas”.

Liberados sindicales que "no pegan ni sellos"

Respecto a los sindicatos, de nuevo al unísono con las campañas de descrédito de parte de la derecha en 2008, escribió que “siguen encantadísimos pues conservan sus decenas de miles de "liberados que no pegan ni sellos". Añadió que estas organizaciones, básicas en la transformación de España desde antes de la Transición, vivían “tranquilos” e “imbuidos en la autocomplacencia”, y les afeó que “se desentienden de las soluciones económico-laborales para salir de la crisis”. Sentenció que la frase “¡Que todo siga igual!” era “su lema”.

Rechaza el cambio climático

Enrique Arnaldo, quien también se refirió en 2017 al gobierno de Manuela Carmena en la capital de España de forma despectiva como “el Madrid podemita” (reproches por ideología que no muestra hacia los distintos ejecutivos conservadores), cuestiona además en varias ocasiones la crisis climática y se mofa ante el problema, como cuando el 5 de febrero de 2009 relató en el Imparcial que “desde que Al Gore anunció el calentamiento global del planeta no deja de nevar, llover y bajar la temperatura”.

Relativiza la caja b del PP y critica a la UDEF

El candidato del PP al Constitucional también se pronunció en 2013 sobre los papeles de Bárcenas y aquello que apuntaban esos documentos, que no era otra cosa que la existencia de una caja b en el partido, considerada probada ya por tres tribunales y cuya existencia es firme después de la sentencia del Supremo. El 18 de julio de 2013, después de la confesión del extesorero, intentó minimizar el alcance de sus revelaciones al recurrir al argumento de que todos los partidos son iguales cuando aseguró que “con toda seguridad debe de haber en otros partidos quienes hagan el mismo trabajo pero a él le han pillado y al que era su partido presuntamente también”. El 7 de febrero de aquel mismo año se unió al deporte nacional del PP aquellas fechas, que era el ataque al inspector Morocho, firmante de la mayoría de los informes de la UDEF incriminatorios contra la formación conservadora (avalados con posterioridad por la justicia en sentencia), al decir que “mientras tanto, los de la UDEF siguen hinchándose a hacer informes, incluso algunos repetidos (…) Nadie ha explicado muy bien de quién dependen y a quién dan cuenta. Ya hay quienes sostienen que el responsable que debería enterarse de algo en realidad ni sabe ni quiere saber o quizás se ha puesto de canto”.

El "obsceno" reparto de cuotas para el TC del que ahora se beneficia

Pero con todo, llaman la atención sus críticas a la fórmula de elección, mediante el parlamento, de vocales del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Un sistema que ahora le beneficia, al que no ha renunciado cuando ha sido propuesto por el Partido Popular, y que le supondrá si es designado magistrado del Tribunal de Garantías, unos ingresos mínimos de 133.623 euros: 46.000 euros más que el presidente del Gobierno.

Al respecto, el 19 de agosto de 2008, de nuevo en el Imparcial, escribió que “los partidos políticos, férreas entidades disciplinadas, se han adueñado de todas las instituciones que manejan a su práctico antojo”. El “desparpajo en el reparto de las cuotas [para el CGPJ y el TC] es descarado, obsceno. Las resoluciones de los órganos institucionales se convierten, necesariamente, en previsibles pues sus componentes no se permiten defraudar a quienes les propusieron”. Y Arnaldo añadió “el círculo está herméticamente cerrado, sin fuga posible. El monstruo institucional está tan afianzado, tan hormigueado a satisfacción de la partitocracia, que los llamamientos reformadores suenan, poco más o menos, a oráculos de otra galaxia”.

Pero aquel ataque al método de nombramiento para el TC y el CGPJ no fue un calentón, porque de nuevo el 2 de octubre de 2008 insistió en que la fórmula escenificaba el “reparto de las cuotas de poder en los órganos que deben estar al margen del dominio de los partidos. Cuando se produzca la renovación, es decir, la elección de los nuevos miembros de esos órganos, volveremos a ver quiénes son de cada uno; tendrán su etiqueta partidaria y llegaremos fácilmente a vislumbrar qué va a votar cada uno. Ningún avance en la independencia, sino que se certifica una mayor dependencia partidaria. ¿Es esto lo que queremos?, volveremos a llorar amargamente, pero el deterioro y descrédito institucionales alcanzan, y alcanzarán aún más, un nivel de insostenibilidad insoportable”.

Profético Arnaldo

El cuestionado candidato del PP al TC remataba aquel artículo con una frase no exenta de tintes proféticos al asegurar que “el Parlamento no es un órgano purificador, no es el agua cristalina que lava todas las inmundicias del proceso de designación de personas”. Proceso en el que Arnaldo se encuentra inmerso, y que además de estas reflexiones, se ve salpicado por sus negocios millonarios con el PP siendo abogado, con contratos que cuestionan la veracidad de lo expuesto por el afectado en su currículum a la Cámara Baja, que negoció con el testaferro de Zaplana, o que incumplió el Estatuto del Congreso y la Ley de Universidades, además de haber resultado imputado en el caso Palma Arena o ser grabado en el sumario de la Operación Lezo anunciando al principal imputado, el expresidente madrileño Ignacio González, que se estaba “moviendo” para colocar a un “buen” fiscal.