La semana de los Mossos
Josep Lluís Trapero puede decidir no declarar como testigo al estar procesado en la Audiencia Nacional
Esta semana sigue declarando Manel Castellví, Mosso que ha reconocido que advirtió de la posible violencia el 1-O
Trapero en su primera comparecencia en la Audiencia Nacional / EFE
Madrid
Esta semana está previsto que acuda al Tribunal Supremo el hombre más señalado por los testigos en esta primera fase del juicio al procés independentista: Josep Lluís Trapero, exmayor de los Mossos d'Esquadra, está llamado a testificar el próximo jueves, acusado por muchos altos mandos policiales de negarse a colaborar con la Policía Nacional y la Guardia Civil en el dispositivo preparado para el referéndum ilegal del uno de octubre. Antes su compañero Manel Castellví tendrá que seguir explicando cómo Carles Puigdemont hizo oídos sordos a sus advertencias de posible violencia tres días antes del 1-O.
Más información
No está claro que Trapero vaya a responder a ni una sola pregunta el próximo jueves. Llegará al Tribunal Supremo como testigo pero al mismo tiempo procesado en la Audiencia Nacional y con la Fiscalía pidiendo once años de cárcel para él por rebelión. La acusación que sobre él a apenas cien metros de distancia del alto tribunal es sobre los mismos hechos así que el exmayor de los Mossos puede acogerse a su derecho a no declarar.
Todos los altos mandos policiales o relacinados con Interior que han pasado por el Tribunal Supremo en las últimas semanas le han señalado. "Parece que el señor Trapero no era muy colaborador", dijo el exministro Juan Ignacio Zoido. Sus "reticencias" a asumir la coordinación del operativo policial ha sido relatada por Ángel Gozalo y Sebastián Trapote y según el coronel Pérez de los Cobos, directamente, "su actitud era la de poner palos en la rueda" del dispositivo.
Se trata de un aspecto vital para la causa: el tribunal tiene que dilucidar si, tal y como sospecha la Fiscalía y han afirmado varios testigos, los Mossos d'Esquadra fueron instrumentalizados por el Govern para permitir el referéndum saltándose la prohibición judicial. Según Enric Millo "se impuso la línea política por encima del criterio profesional". Este lunes también seguirá, ya a preguntas de las defensas, la declaración del mosso Manel Castellví, que describió cómo Puigdemont hizo oídos sordos a sus advertencias sobre el peligro de violencia el 1-O.
#EnfoCATs y la 'Moleskine'
Esta semana el tribunal también analizará uno de los informes de la Guardia Civil que cimentaron la investigación de Pablo Llarena: el que por primera vez analizó el documento #EnfoCATs, la agenda intervenida a Josep María Jové, declaró la existencia de un 'Comité Estratégico' y señaló, por primera vez, al papel de los ciudadanos en la estrategia soberanista. Están llamados a declarar los instructores de éste y otros informes, así como el propio Jové, el juez Santiago Vidal y el exmagistrado Carles Viver Pi i Sunyer.
Josep María Jové / EFE
Esta semana también están llamados a declarar Antoni Molons, en ese momento secretario de difusión del departamento de Presidencia, Teresa Prohias, directora de servicios del mismo departmaneto y Felipe Martínez Rico. Éste último testimonio se centrará en la posible malversación de caudales públicos al tratarse en ese momento del subsecretario de Estado de Haciedna.
Los "observadores" del procés
Esta semana el tribunal también escuchará la vertiente internacional de la acusación de malversación de caudales públicos: el gasto que, supuestamente, se hizo a través del DIPLOCAT para internacionalizar el procés. El miércoles declara tanto Amadeu Altajaf, director de la Delegación del Gobierno de la Generalitat ante la Unión Europea, por hacer dos transferencias de 119.700 euros en total para pagar los servicios de "observadores internacionales" usados por el Govern para legitimar el procés y el referéndum, además de comprometer 47.365 más.
Está previsto que declaren más testigos relacionados con estos gastos: Albert Royo, representante del DIPLOCAT que se responsabilizó por escrito del gasto de 40.591,22 euros en el desplazamiento y alojamiento de 30 eurodiputados y dos de estos denominados "observadores": Paul Sinning y Helena Catt.
Folletos y dípticos
Esta semana también está previsto que declaren varios testigos relacionados con la empresa UNIPOST, registrada en varias ocasiones por la Guardia Civil por su relación con la difusión de material electoral para el 1-O como papeletas, el censo electoral o las citaciones de las mesas por un valor total de 979.661,69 euros repartidos entre cinco consejerías. Según la Fiscalía iban a distribuir 56.000 cartas con nombramientos y 5.346.734 tarjetas censales.
Varios testigos relacionados con UNIPOST han declarado ya en fase de instrucción. Albert Jaime Planas, entonces jefe de producción, negó saber qué era lo que tenían que repartir dentro de los sobres: "Lo que va dentro de los envíos no lo sabemos", afirmó hace un año. El director de la empresa, Francisco Fuentes, aseguró que la Generalitat les avisó del envío pero sin explicar que eran tarjetas censales: "El cliente nos había dicho que iban a venir certificados, no sospeché", dijo.
Imagen de uno de los registros en UNIPOST / EFE
También está previsto que declare el hombre que ha servido a la Guardia Civil para conectar UNIPOST y sus trabajos con la administración: David Palanqués, trabajador de la Generalitat, en cuyo ordenador los agentes encontraron un archivo de Excel con la lista de más de 50.000 personas destinadas a las mesas electorales del referéndum, a las que iban dirigidas las cartas intervenidas en la empresa.
El final de la semana también se centrará en torno a la logística del referéndum con testificales de trabajadores de las empresas Buzoneo Directo y Artyplan. La Guardia Civil intervino 507.000 dípiticos y 750.000 folletos en la primera y cree que la segunda intervino en la creación de otros 400.000 dípticos, 26.000 folletos y 30.000 carteles pagados, según la Guardia Civil, por Òmnium Cultural por 38.431,20 euros, algo que niegan desde la asociación.
