El exdirectivo de la empresa pública aseguró que se cometió una "barbaridad" con la reparación de la desaladora de Almanzora (Almería) y que había un acuerdo al máximo nivel con el ministro Arias Cañete con dos empresas de FCC y Abengoa

Seis directores de obras en distintas comunidades fueron despedidos y apartados de la empresa pública por negarse a cumplir las irregularidades acordadas por el director de Acuamed, Arcadio Mateo, y los presuntos comisionistas, entre ellos ACCIONA y el empresario Nicolás Steeigmaan

La SER accede al sumario del caso Acuamed, empresa pública dependiente de Agricultura Un informe de la UCO de la Guardia Civil sostiene que Arcadio Mateo, exdirector general, era quien "promovía, organizaba y dirigía" los hechos delictivos

El secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente de Acuamed, Pablo Saavedra, recibió tres denuncias sobre graves irregularidades en los contratos y acoso laboral en la empresa pública a las que nunca contestó. Saavedra afirmó en la SER que se enteró "por la prensa" al estallar el escándalo de las represalias contra los trabajadores que denunciaban, pero ahora admite que fue informado en verano de 2015

La Cadena SER accede a un correo electrónico en el que la vicepresidenta de Acuamed, Liana Ardiles, pide un informe sobre la polémica desaladora de Almanzora para la reunión que iba a mantener el entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, con FCC, la adjudicataria del proyecto. La reunión fue planteada mientras la constructora exigía el pago de 40 millones que negaban los técnicos honrados de Acuamed. El Ministerio acabó incluyendo el pago ilícito a FCC, según el juez, en los presupuestos del Estado

La mayoría son constructoras pequeñas y empresas de asistencia técnica que firmaron con Acuamed certificaciones finales falsas y que ahora quieren colaborar con la justicia.

Técnicos de Acuamed declaran como testigos al juez Velasco que Nicolás Steegmann, presidente de Altyum, les presionó con la connivencia de cargos de corruptos en la empresa pública, para recibir la adjudicación de un proyecto. A pesar de que su sociedad obtuvo una de las peores calificaciones para el contrato, lo logró porque la cúpula de Acuamed amañó los informes. Steegmann está en prisión incondicional

El sindicato denunció ante el hasta hoy subsecretario de Presidencia este persecución sindical aunque se hizo caso omiso a la queja.

El subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas, ha presentado su dimisión esta "a petición propia" tras haberse visto relacionado con el caso "para defender su honorabilidad"

Antes de esa condena, el director general, ahora encarcelado, se deshizo de los delegados sindicales en Murcia, Madrid y Valencia

Documentación del sumario a la que ha accedido la SER revela que Federico Ramos de Armas, remitió un correo al director general de Acuamed, Arcadio Mateo, interesándose por el pago de casi 10 millones a FCC que los funcionarios de la empresa pública y el juez Velasco han considerado ilegal. Ramos de Armas pidió aprobar el pago en la siguiente reunión del consejo porque debían a FFC “bastante dinero en otras obras”

El Secretario de Estado de Medioambiente y Presidente de AcuaMed, defiende que la investigación de la fiscalía va mucho más allá de la denuncia

Según los investigadores, Federico Ramos de Armas fue uno de los "altos cargos de Agricultura" que, mientras era secretario de Estado de Medio Ambiente, favoreció a la constructora FCC con contratos irregulares

El juez Velasco sostiene en su auto por el que ordena la prisión de la cúpula de Acuamed que "cargos de alto nivel del Ministerio" del actual Gobierno en funciones, "pactaron una indemnización indebida a FCC" de 10 millones por una desaladora y que "siguiendo órdenes de la Superioridad", esta empresa fue compensada con otros 40 millones irregulares en la descontaminación de un embalse

Entre ellos se encuentra el ya exdirector general de la sociedad estatal, Arcadio Mateo, a quien la Guardia Civil ha encontrado 120.000 euros en billetes de 500 que guardaba en sobres ocultos entre libros en su domicilio. Para los otros ocho implicados, el juez ha decretado prisión eludible bajo fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros, que ya han sido abonadas

Arcadio Mateo los escondía en su domicilio, en sobres dentro de libros

Fuentes de la investigación indican que el volumen de documentos intervenidos es tal que la investigación se verá ampliada

Un alto directivo de Acuamed intentó por todos los medios informar al consejo de administración de la empresa pública y al Ministerio de Agricultura de las irregularidades en las contrataciones de la empresa estatal. Acuamed no solo no actuó, sino que le despidió. Tuvo que acudir a la Fiscalía y su testimonio ha sido decisivo para destapar la trama corrupta. Este es su relato, según fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional

Entre los arrestados está el presidente de FCC Construcción y el director de Infraestructuras en España de Acciona

La Conselleria de Agricultura exigirá información al Ministerio

Pobre Frontino, si levantara la cabeza y viera que su nombre le sirve de inspiración para etiquetar presuntos chorizos a esta Guardia Civil eficaz, moderna y culta que, por fortuna, tenemos

La cuantía del fraude estimado es de veinte millones de euros aunque los investigadores creen que la cifra final va a ser superior

Las empresas FCC, Acciona, Befesa y Altec entre otras, obtuvieron beneficios millonarios de forma supuestamente irregular con la adjudicación y sobre todo, la ejecución de los proyectos en las comunidades de Valencia, Andalucía y Cataluña. Entre los detenidos también se encuentra Nicolás Steegman, antiguo director en Trasagua, la predecesora de Acuamed

Trece detenidos, uno de ellos en Valencia, por fraude de contratos en la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente

Arcadio Mateo del Puerto, el director general de Acuamed, ha sido detenido en el marco de la llamada Operación Frontino por presuntos delitos de prevaricación y falsedad.

La UCO ha llevado a cabo registros policiales en las sedes de la sociedad pública en Madrid Murcia y Valencia contra "un fraude de gran cuantía en contratos públicos"

Según los investigadores la cuantía del fraude ronda los 20 millones de euros