Las caras de una 'causa exprés' en torno al 8 de marzo feminista de Madrid

La magistrada instructora Carmen Rodríguez-Medel ha decidido archivar, aunque de forma provisional, la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid por permitir grandes concentraciones en la capital pocos días antes de la declaración de pandemia. Casi una decena de trabajadores de la Justicia, políticos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han participado, de una forma u otra, en una causa que ha quedado zanjada en menos de tres meses pero que ha supuesto un campo de batalla político entre el Gobierno y la oposición. Carmen Rodríguez-Medel. La magistrada del juzgado 51 de Madrid ha decidido archivar la causa después de estudiar los informes forenses y de la Guardia Civil y de escuchar tanto al delegado del Gobierno como a trabajadores de la Delegación y organizadores de concentraciones. Su nombre saltó a las portadas en 2018 cuando decidió imputar y llevar a juicio a la presidenta madrileña Cristina Cifuentes por el «caso máster» destapado por eldiario.es, imputar y archivar la causa contra la exministra Carmen Montón e intentar hacer lo mismo sin éxito en el Supremo con Pablo Casado. Rodríguez-Medel, de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, llegó al juzgado 51 de la capital después de ejercer en Santoña, Marbella y también en Fuenlabrada y después de ejercer como asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia con Rafael Catalá como ministro del ramo y de pasar por la jefatura del servicio de relaciones internacionales del CGPJ. Fue en septiembre de 2017, antes de volver a Plaza de Castilla, cuando compareció en la Comisión Constitucional del Congreso para asegurar que «necesitamos mejores instrumentos legislativos en la lucha contra la corrupción» pero «discrepando en el enfoque» de la proposición de Ley de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes que estudiaba la cámara baja. Abogó entonces por una reforma íntegra de la Ley del Indulto y criticando la publicidad «absolutamente excesiva» que se da en el BOE a la concesión de las medidas de gracia. José Manuel Franco. Delegado del Gobierno en Madrid desde febrero de este año después de haber ocupado todo tipo de responsabilidades políticas y públicas con el PSOE en la capital: secretario general del PSOE-M, diputado nacional y sobre todo diputado regional durante casi quince años. Declaró como imputado en este causa el pasado 10 de junio asegurando ante la jueza que ningún aviso le llevó a impedir manifestaciones como la del 8 de marzo. Víctor Valladares. El denunciante del caso, fue quien interpuso la primera denuncia apuntando a una posible ilegalidad por parte de las autoridades a la hora de permitir estas concentraciones, haciendo lo mismo contra el Gobierno central en el Tribunal Supremo. Valladares, tal y como reveló la Cadena SER, ejerció en el pasado como abogado pero ha sido condenado dos veces y sancionado varias veces más por estafar y engañar a clientes, dejando sin hacer acciones judiciales para las que le habían pagado y desapareciendo con el dinero. En este caso se ha puesto al frente de una Asociación de Afectados por la Gestión del Coronavirus e intentó personarse sin éxito en la causa como acusación popular con el abogado Javier Noriega, miembro de la ejecutiva del Partido Popular en Cantabria sin haberlo conseguido finalmente. Todavía está por ver cómo evoluciona la denuncia que interpuso en el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez por los mismos hechos. Diego Pérez de los Cobos. Coronel de la Guardia Civil, su nombre saltó a los medios de comunicación a partir de su desginación como jefe del operativo policial destinado al 1 de octubre en Catalunya durante el referéndum ilegal. Durante el juicio en el Tribunal Supremo protagonizó un duro testimonio contra muchos de los acusados y contra la actuación tanto ese día como el 20 de septiembre de los Mossos dEsquadra. Su camino se cruzó con la tramitación de esta causa cuando, ya destinado en la Comandancia de Madrid, la instructora encargó un informe sobre la permisividad de la Delegación del Gobierno con grandes concentraciones como el 8M. El Ministerio del Interior optó por su cese, según reconoció el ministro Grande-Marlaska después de dar varias versiones distintas, cuando empezó a investigar la filtración del documento a medios de comunicación. Pérez de los Cobos recurrirá su cese ante los tribunales. Rosa María Seoane. La Abogacía del Estado puso al frente de esta causa a su cara más visible del último año: Rosa María Seoane. La misma que sustituyó a Edmundo Bal en el juicio del procés y la única que defendió una calificación por sedición que finalmente aplicó el Tribunal Supremo para condenar a los políticos catalanes encausados. Fue ella la que asistió a José Manuel Franco en el interrogatorio y la que ha firmado varios escritos pidiendo el sobreseimiento de la causa. Enrique Remón y Gloria Yoshiko Kondo. Los dos fiscales del caso. El primero es el fiscal decano de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid después de haber pasado por destinos como Alzira y en los últimos años ha firmado escritos de acusación, entre otros, contra futbolistas como Xabi Alonso. Kondo, por su parte, es fiscal desde 2002 y está destinada desde 2011 en la sección de delitos económicos tal y como refleja un perfil elaborado por la Universidad del País Vasco. Julio Lorenzo Rego. Médico psicoterapeuta y forense de juzgados de distintas localidades españolas desde finales de los ochenta habiendo desarrollado su labor, entre otros, en Castellón, Móstoles y Madrid. Fue el forense que intervino en la investigación por la muerte del cantaor Enrique Morente y recusado sin éxito por la acusación popular, siendo también el forense que examinó a Cristina Cifuentes cuando se encontró indispuesta en la mañana de su declaración. En esta causa ha firmado dos informes que descartaban poder probar la vinculación directa entre un contagio y la asistencia al 8M alegando, eso sí, que «la situación de hecatombre en España se veía venir». Las acusaciones populares. La causa arrancó con la denuncia de Valladares pero rápidamente una decena de asociaciones y personas intentaron personarse en la causa y muchas de ellas han anunciado que recurrirán el archivo. La dirección letrada fue asignada a la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, lo que recurrió otra acusación, un hombre que perdió a su padre por la pandemia. Entre los que solicitaron la personación se encuentra el partido ultraderechita Vox y Manos Limpias, cuyo presidente está siendo enjuiciado y acusado de formar parte de una red de extorsión.

Las caras de una 'causa exprés' en torno al 8 de marzo feminista de Madrid

Desde la jueza que ha archivado el caso hasta el abogado condenado por estada que interpuso la denuncia

Webs de PRISA