Las novedades en la acusación definitiva de la Fiscalía
Declara probado que Puigdemont vinculó la violencia y la independencia tres días antes del 1-O
Considera que hubo una "situación claramente insurreccional" en Catalunya durante 2017
Los fiscales Fidel Cadena y Jaime Moreno(EFE)
Madrid
La Fiscalía ha anunciado que mantiene intactas sus peticiones de cárcel contra los doce líderes independentistas encausados y que tan sólo introduce ligeras modificaciones fácticas en su escrito definitivo de calificación en este juicio al procés. Unas modificaciones que pasan por acusar a Carles Puigdemont de vincular violencia e independencia y lanzar duras acusaciones contra los Mossos d'Esquadra por su actuación el 1-O.
Puigdemont y la violencia
Las advertencias de posibles disturbios y brotes violentos a Carles Puigdemont a tres días del referéndum ilegal ya eran conocidas, pero varios comisarios de Mossos d'Esquadar aportaron un dato nuevo: que el 28 de septiembre de 2017, en el Palau de la Generalitat, el president aseguró que declararía la independencia si la jornada de votación se convertía en una jornada violenta. Un elemento que incorpora la Fiscalía a su relato al entender que refuerza la acusación por rebelión: "Al finalizar la reunión, el procesado rebelde, entonces presidente de la Generalitat, manifestó a todos los presentes que si el 1 de octubre había violencia declararía la independencia".
Los Mossos pasivos
La Fiscalía no da credibilidad a la versión exculpatoria de Joaquim Forn y de los mandos de Mossos d'Esquadra que han comparecido a lo largo del juicio, asegurando que hicieron todo lo que pudieron el día del referéndum ilegal. En los días previos al 1-O "en ningún caso requisaron material destinado al referéndum, ni impidieron la utilización de los centros, ni desalojaron a los que los ocupaban". Pusieron en marcha un "ineficaz dispositivo" siguiendo unas pautas que "les impedían el empleo de la fuerza para cumplir el mandato judicial, so pretexto de preservar la convivencia".
El 20-S en Barcelona
La Fiscalía también considera que el juicio ha reforzado la acusación contra Joaquim Forn, Jordi Sànchez y los Mossos en cuanto a su papel en las concentraciones masivas del 20-S frente a los registros de la Consellería de Economía. "No se adoptaron las medidas suficientes para garantizar la seguridad" de la comitiva judicial por parte de la policía autonómica, a pesar de las cinco peticiones reglamentarias de ayuda de la Guardia Civil, y añadiendo a Joaquim Forn a la lista de llamadas que Jordi Sànchez, entonces líder de la ANC, hizo en calidad de "interlocutor" de los manifestantes.
Los heridos del 1-O
La Fiscalía no modifica en lo esencial su relato sobre la jornada del referéndum ilegal, reforzando su acusación de pasividad en torno a los Mossos e introduciendo un dato: relativiza el número de civiles heridos durante la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil. Los datos de la Generalitat hablan de casi mil heridos pero, añade, "en un elevado porcentaje de casos la atención médica que recibieron fue exclusivamente por heridas y contusiones muy leves o como consecuencia de mareos y crisis de ansiedad".
Las advertencias del TC
La Fiscalía elimina toda alusión a los cinco acusados, exmiembros de la Mesa del Parlament y Mireia Boya, que serán finalmente juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya pero refuerza la idea de que todo se hizo en contra de órdenes claras y expresas del Tribunal Constitucional de no seguir adelante con el proceso de ruptura. Las advertencias fueron notificadas "al presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña", incluyendo las posibiles responsabilidades penales.
Situación insurreccional
El Ministerio Público refuerza también su acusación en torno al clima "crispado y hostil" que, decían en su calificación provisional, reinaba en Catalunya durante el otoño de 2017. "Durante el período temporal comprendido entre el 19-20 de Septiembre y el 27 de Octubre la situación fue claramente insurreccional", dice, relatando ochenta enfrentamientos el día del referéndum ilegal, otros cuarenta y siete actos de acoso a cuarteles de la Guardia Civil, veintitrés en comisarías de Policía, once en hoteles que hospedaban agentes y cuarenta y siete ataques a sedes del PSC.
La cantidad malversada
La Fiscalía también ha declarado firme su acusación por malversación de caudales públicos confirmando también que no exigirá en este proceso que los acusados pongan de su bolsillo una cantidad concreta, dejando eso al Tribunal de Cuentas. Sí modifican sin embargo algunas cantidades, por ejemplo dejando en 220.253,34 euros los gastos en el registro de catalanes en el exterior o aumentando a 47.151,7 euros el dinero invertido en cartelería.
